«El diagnóstico, como decía, muestra dos elementos claros, uno de planteamiento y otro de financiación; y la respuesta, por tanto, debe tener dos claves fundamentales, que son las que hoy se debaten aquí: una inversión sin precedentes para fortalecer el sistema de cuidados y una refundación normativa para transformar todo su andamiaje normativo y blindarlo a futuro. Abordaré las dos, una detrás de otra, empezando por la financiación. Antes de este real decreto ley que se va a debatir hoy aquí, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo inédito, importantísimo, para poder mejorar el sistema por medio de distintos instrumentos. Uno de los más vitales fue el plan de choque en la pasada legislatura, que supuso el primer esfuerzo de tal magnitud en nuestro país, y que hizo posible, entre otras cosas, que España fuera el único país de la Unión Europea que decidiera utilizar una parte significativa de los fondos de recuperación para transformar y modernizar los servicios sociales e invertir en la infraestructura social de nuestro sistema de cuidados. En esta misma legislatura, hemos aprobado también un real decreto ley de financiación extraordinaria para la aplicación de la ley ELA, que supuso una inyección adicional al sistema. Pero ahora, con este real decreto ley, vamos a lograr un cambio estructural y permanente en la financiación del sistema, de tal modo que vamos a duplicar la financiación por parte de la Administración General del Estado al sistema de cuidados, alcanzando ya este año los 5513 millones de euros y el año que viene superando los 7200 millones. (Aplausos). Por poner estas cifras en perspectiva, en la década anterior, en la década ominosa de los recortes, cuando se eliminó el nivel acordado de la dependencia, la financiación por parte de la Administración General del Estado estuvo alrededor de los 1200 millones de euros anuales. En su momento más bajo, en el año 2014, se situaba en 1128. De 1128 se ha pasado a 7239 millones de euros. Creo que estas cifras hablan por sí mismas y suponen un argumento irrebatible para la convalidación de este real decreto ley. Es un aumento total de 6200 millones de euros de aquí al cierre de la legislatura, que consigue, por la vía de los hechos, que la aportación estatal alcance el 50 % respecto al gasto certificado por las comunidades autónomas.»

Fragmento 7 de 13 de esta intervención.