«Ahora quiero centrarme en el real decreto ley que trae recursos extras para cubrir los grados 2 y 3 de dependencia. Y, sí, he dicho recursos extras, no extraordinarios. Me explico: extraordinarios serían si por un momento sirvieran para corregir y compensar el déficit histórico de la dependencia que sufre Cataluña desde hace veinte años. Esto es, veinte años pagando el 70 o el 80 % de las prestaciones a las que nos obliga el Estado mientras el Gobierno español, encima, nos sigue aplicando su expolio fiscal de 22 000 millones de euros al año. Hemos querido que el Gobierno reconozca y compense el déficit histórico de la dependencia, pero no lo han aceptado, ¿verdad? Hoy, por lo tanto, no nos aportan nada extraordinario, son recursos extras porque tampoco han puesto a disposición una partida extraordinaria suficiente para que este real decreto ley aportara desde ya el 50 % del coste de las prestaciones de la dependencia. Esto no ha ocurrido, solo hay 2218 millones. Digo solo, porque repartidos para todo el Estado no servirán para impulsar cambios realmente significativos en las listas de espera ni en la mejora de la atención a las personas dependientes. Y no será porque el Gobierno español no tenga dinero, que tiene mucho. De hecho, desde que gobierna Pedro Sánchez, desde 2018, la recaudación de impuestos del Estado ha aumentado en un 36 %. Ahora -atención?- recaudan 117 000 millones de euros más que en 2018 entre IRPF, IVA, impuesto de sociedades y otros impuestos. Por lo tanto, no quieran vendernos como algo extraordinario aquello que no lo es. No dirán que todo ayuda; sí, eso lo entendemos, seguro, y este es el principal argumento de las asociaciones, pero pedimos que analicen la situación. Nos dicen por tierra, mar y aire que el Estado español es una de las economías que más crece en la Unión Europea, pero ¿de qué sirve que el Estado tenga más dinero cada vez si este dinero no llega a la ciudadanía, precisamente, cuando más lo necesita?»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.