«Además de aumentos presupuestarios, queremos un cambio de modelo que sea más justo y, de paso, más transparente. Porque el real decreto ley aumenta las aportaciones del Estado, pero no sabemos cuál es el coste global de las prestaciones y, por lo tanto, no sabemos cuál es la factura que acabarán pagando las comunidades autónomas. Por eso, era una línea roja que el Estado asumiera de forma literal el 50 % del coste para votar a favor de la ley de dependencia. Desde la entrada en vigor de la ley de dependencia, la Ley 39/2006, hemos soportado su política de 'yo invito y tú pagas'. Ustedes desde Madrid amplían prestaciones; nosotros desde Cataluña las encajamos. Este real decreto ley forma parte de esta manera de hacer, porque ni la ley de dependencia ni este real decreto ley modifican la arquitectura financiera con la que el Estado ahoga económicamente a Cataluña en dependencia, sanidad y en todo, siempre aprovechándose de las comunidades autónomas. Un ahogo que llegó a máximos históricos entre el 2011 -después de la crisis económica?- y el 2020. Ustedes mismos reconocen en el preámbulo del real decreto ley que en 2016 el Estado aportó 1191 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas aportaron 6113 millones de euros. ¿Saben cuál es el porcentaje que corresponde a esta diferencia? Pues bien, las comunidades aportaron el 80 %. Y ahora el Gobierno español -sobre todo el lado económico de Hacienda?- nos viene con el engaño del nuevo modelo financiero del Estado de las autonomías para hacernos creer, como siempre explica muy bien Josep Maria Cruset, que nos regalan 4700 millones de euros cuando nos dan aquello que ya nos correspondía. Quizás los demás les compren esta moto, nosotros no. Pero, evidentemente, necesitamos más recursos para la dependencia y este real decreto ley aporta un extra que, como les decía, no es extraordinario. Gracias.»

Fragmento 7 de 7 de esta intervención.