«Presidenta. (Coloca un reloj de arena en la tribuna). Señorías, la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido a todo ser humano por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Convención Europea de los Derechos Humanos y por la Constitución española. Al Partido Popular y a VOX parece que les duele, no aceptan ese derecho, como acabamos de oír. Traen dos enmiendas a la totalidad, coordinadas y complementarias, para continuar recortando aún más la libertad de expresión. Un intento estéril para impedir la derogación de la mordaza que el Partido Popular impuso a la libertad de expresión en sus reformas de los años 2000, 2004 y 2015. La enmienda a la totalidad de VOX recorta la libertad de expresión todavía más, con más penas contra quienes ejercen esa libertad y con castigos más duros a las críticas o a los comentarios sobre cuestiones religiosas cuando casi el 50 % de los españoles se declara sin ideas religiosas o no católico. Pero la ultraderecha quiere imponer un delito totalmente subjetivo: actuar por motivos anticristianos, por supuesto, sin proponer la misma penalidad para la misma conducta cuando los motivos sean anti otras confesiones religiosas o anti ideologías de izquierdas, a las que constantemente insultan. El arzobispo Argüello podrá seguir calumniando o insultando al Gobierno de coalición sin ninguna consecuencia, pero, si cualquiera que nos oiga realiza un comentario o crítica que se considere ofensiva para la Iglesia o para el cristianismo, estará cometiendo un delito. Esto es una justicia que no es igual para todos.»

Fragmento 1 de 6 de esta intervención.