«Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. Durante el último periodo de sesiones, hemos visto cómo un Gobierno sin mayoría, con una legislatura muerta, muchas veces ha secuestrado este Parlamento con formas inimaginables: el incumplimiento del deber constitucional de presentar presupuestos; la prórroga infinita de las leyes en trámite; el abuso del real decreto ley; la vulneración de los derechos básicos de todo diputado, por ejemplo, el derecho a la enmienda con el uso indiscriminado del veto presupuestario del Gobierno y de las enmiendas heterogéneas. Y nos creíamos que lo habíamos visto todo, pero resulta que el Gobierno del PSOE y de SUMAR, fuera del periodo de sesiones ordinario, nos tenía preparada una sorpresa. ¿Con qué nos ha sorprendido en este mes de julio? Con una argucia más que aumenta y mejora, si me permite la ironía, el uso partidista de las instituciones y la deslealtad institucional del Gobierno con esta Cámara y su mayoría; una argucia que consiste en sacar del congelador en pleno mes de julio, y por lo tanto fuera del periodo de sesiones ordinario, una proposición de ley tomada en consideración ni más ni menos que en diciembre de 2023, al inicio de esta legislatura. Es una ley que, por lo tanto, lleva dos años y siete meses bloqueada; una iniciativa que, además, ya se había presentado y tomado en consideración repetidamente en legislaturas anteriores, concretamente en las legislaturas XII y XIV, y que han ido impulsando diferentes grupos parlamentarios, también Junts per Catalunya. Un bloqueo de dos años y medio, y eso que no es una ley menor, es una ley clave, porque propone derogar la reforma del Código Penal de 2015 del Partido Popular y, por lo tanto, eliminar los delitos del Código Penal que criminalizan la libertad de expresión, en lugar de protegerla. Es una reforma que, por lo tanto, vendría a poner en sintonía la legislación española con la jurisprudencia europea y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y no solo hemos dejado pasar dos años y medio, no solo activan el procedimiento fuera del periodo de sesiones, sino que además, a pesar de ser una proposición de ley y, por lo tanto, una iniciativa legislativa que ha nacido en esta Cámara, quien habilita el mes de julio no son los 176 diputados que requiere el Reglamento para habilitar de acuerdo con la normativa que rige esta Cámara, sino que quien habilita es el Gobierno del Estado, con una utilización jurídicamente forzada y muy discutible del Reglamento y demostrando que políticamente mantiene una posición de deslealtad con la soberanía de esta Cámara. Todo ello da a entender que hay muy poco entusiasmo por parte del PSOE para derogar una reforma del Código Penal de 2015 del Partido Popular, el mismo poco entusiasmo que le vemos a la hora de derogar la ley mordaza, la otra gran herramienta de represión de la libertad de expresión aprobada por la mayoría absoluta del PP en ese fatídico año, legislativamente hablando, de 2015.»

Fragmento 5 de 8 de esta intervención.