«Señorías, esta reforma busca fortalecer la democracia española, una democracia plena y de calidad, y busca alinear España con los estándares internacionales, con las Naciones Unidas y con el Consejo de Europa. Ni podemos ni debemos seguir mirando hacia otro lado, hay que cumplir con nuestras obligaciones internacionales. Hay que cumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los dictámenes de la Comisión de Venecia y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en concreto aquellas en las que se condena a España y que dicen -nos guste o no?- que la libertad de expresión proclamada en el convenio ampara tanto la quema de fotografías del rey como las críticas a la Corona o las ofensas a la bandera. Señorías, nos guste o no, es así. El Tribunal Europeo ha afirmado que otorgar al jefe del Estado una protección penal reforzada frente a las críticas constituye un privilegio incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que los límites a la crítica política deben ser más amplios respecto de los cargos públicos e instituciones y que los Estados no deben impedir la crítica a las instituciones ni imponer penas más severas según la persona criticada. Así, el Tribunal Europeo ha concluido que la libertad de expresión ampara actos como la quema de banderas, que sin duda ofenden, escandalizan o perturban al Estado, pero no solo en España, también en Turquía, en Moldavia... Estrasburgo, además, ha sentenciado que las personas que profesan una religión deben tolerar a quienes rechazan públicamente sus creencias, y lo ha dicho en Polonia, Lituania y Austria. Señorías, sobran los argumentos jurídicos para acometer la reforma del Código Penal que se propone y hacerlo sin debilitar la defensa de nuestras instituciones, porque a ellas las siguen protegiendo tanto los delitos de injurias y calumnias, que amparan a toda la ciudadanía, como los delitos de odio. Además, la libertad religiosa sigue especialmente protegida civil y penalmente.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.