«Gracias, señora presidenta. Permítame hacer un paréntesis y agradecer la mención de la portavoz de SUMAR al fallecimiento de nuestro compañero David Lucas, secretario de Estado de Vivienda. (Aplausos). Como grupo dejamos constancia en el Diario de Sesiones de nuestro recuerdo emocionado y trasladamos a sus familiares y también allegados nuestras más sinceras condolencias. Señorías, empezamos con este decreto; un decreto que nos hace recordar que el cambio climático, los conflictos internacionales y la dependencia energética tienen consecuencias muy reales sobre nuestra economía y sobre nuestra vida cotidiana. Estos días basta con salir a la calle para sentir un calor abrasador, basta con mirar las noticias para ver incendios cada vez más peligrosos y difíciles de combatir por el cambio climático -vaya por delante todo nuestro apoyo a las personas afectadas y nuestro reconocimiento a quienes siguen trabajando para extinguirlos-, basta con llenar el depósito para comprobar cómo un conflicto que se desarrolla a miles de kilómetros puede terminar teniendo consecuencias en la economía de nuestras familias y de nuestras empresas. El conflicto llega al surtidor cuando sube el precio del petróleo, llega a una explotación agraria cuando se encarecen el gasóleo y los fertilizantes y puede llegar a la cesta de la compra, a las empresas y al empleo. Por tanto, señorías, no elegimos las crisis, pero sí cómo afrontarlas. Por eso, cuando la realidad cambia de forma brusca, la política tiene la obligación de responder con celeridad. Sí, los Gobiernos, pero también los Parlamentos. En marzo, cuando el conflicto en Oriente Medio provocó un incremento súbito de los precios energéticos, el Gobierno y este Parlamento reaccionaron con rapidez. Hoy sabemos que el decreto de marzo funcionó y ahí están los resultados: durante la primera semana de aplicación de las ayudas el precio de la gasolina descendió un 14 % y el del gasóleo un 9 %. Las medidas energéticas redujeron aproximadamente 1 punto la inflación durante su periodo de vigencia. El escudo impulsado permitió ahorrar a veinte millones de hogares en su factura mensual un 15 %, un 25 % si eran consumidores vulnerables. Es decir, las medidas cumplieron su objetivo, amortiguaron el golpe, contuvieron los precios y evitaron que una crisis internacional se trasladara con toda su intensidad a la economía de las familias y las empresas. (Aplausos).»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.