29N · generales · dom 29 novfaltan 26 días

Óscar López ÁguedaPSOE

Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública

«El Gobierno de España es consciente de que hace falta tiempo para adaptarse a los nuevos criterios. Por eso se establece un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027, que permitirá vincular la jubilación parcial a contratos fijos firmados a partir del 1 de abril de 2024 y derivados de las ofertas de empleo público ordinarias. El resultado será que el personal laboral podrá reducir su jornada, percibiendo un salario proporcional al tiempo de trabajo que continúe desempeñando y, por el resto de la jornada, la parte correspondiente de la pensión. La otra gran pata de este real decreto ley es la revisión, como decía, de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal en Baleares. El Gobierno de España cumple así con otro de los objetivos recogidos en el acuerdo marco que firmamos en enero con los sindicatos: aumentar las indemnizaciones por residencia un 100 % en la isla de Mallorca y más de un 300 % en el resto de las Islas Baleares, con carácter retroactivo desde el 1 de julio. De este modo, más de 11 000 empleadas y empleados públicos residentes en Baleares verán equiparadas sus compensaciones por insularidad a las que ya perciben, por ejemplo, quienes prestan servicio en las islas Canarias. La propuesta del Gobierno de España está a la altura del desafío: retener el talento en el empleo público en las Baleares, en un territorio donde cada día resulta más difícil hacer la compra o alquilar un piso. Permítanme ilustrarlo con dos ejemplos. Una inspectora de Trabajo de rango A1 destinada en Mallorca ha pasado de percibir 115 euros de indemnización a más de 214. Del mismo modo, un administrador C1 del SEPE destinado en Menorca pasará de percibir 101 euros de indemnización a más de 405. Hoy pido a los grupos parlamentarios -insisto, por encima de los colores políticos- que voten a favor de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de más de mil trabajadores laborales de la Administración estatal y de más de 11 000 empleados públicos residentes en Baleares.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.

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