«La retribución de la función pública tiene que ser decidida por el Parlamento de cada uno de los países que tienen Administración propia. En esta perspectiva no nos vamos a oponer a una mejora de las condiciones de los trabajadores del sector público estatal en las Islas Baleares, claro que no lo vamos a hacer. De hecho, no lo hacemos con ninguno de los grupos de trabajadores a los que podemos favorecer, pero es cierto que el Estado tiene que buscar la manera de relacionarse con las demás Administraciones de una forma distinta, porque no es lo mismo Cataluña que el País Vasco, que Galicia, que Canarias, que Andalucía o que el resto del Estado. Como no es lo mismo, quienes mandan en esos territorios son quienes deben decidir y legislar sobre retribuciones, carreras profesionales, requisitos de acceso y cómo se organiza su propia función pública. Dicho esto, voy a entrar en el fondo de lo que me ha pedido alguna plataforma que nos pedía que votáramos en contra porque no se tenía en cuenta el tema de los interinos. El tema de los interinos es un asunto más que complejo. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no nos coloca donde queríamos, nos ha colocado en un lugar un poco peor. Hay que decir que los procesos de estabilización en los diferentes territorios funcionaron como funcionaron y las Administraciones locales también, pero los dos peores lugares han sido los ministerios: el de Educación y, sobre todo, el Ministerio de Justicia que tiene traspasadas en determinados territorios las competencias de pago de personal y de material, pero en cambio no puede decidir sobre las ofertas, cosa que le digo ahora que no tiene ningún sentido. Además, el personal del ministerio de Justicia que está en los tribunales está regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.»

Fragmento 8 de 9 de esta intervención.