«Buenas tardes, presidenta, diputados. Hoy, este real decreto ley que venimos a convalidar supone la recuperación práctica y real de un derecho para miles y miles de empleadas y empleados públicos de este país. El Real Decreto Ley 11/2024 es cierto que mejoró aspectos de la jubilación parcial en el ámbito privado, pero generó un bloqueo para las empleadas laborales de las Administraciones públicas al exigir unos requisitos incompatibles con los establecidos para el acceso a la función pública. Esta reforma es fruto del acuerdo del Ministerio de Función Pública y Transformación Digital con las organizaciones sindicales, que llevan desde 2024 reivindicando una solución adaptada a la función pública; pero también responde a una demanda de las propias comunidades autónomas y de las entidades locales que necesitan herramientas adecuadas para gestionar sus plantillas y planificar las necesidades de los servicios públicos. Este decreto ley no configura una modalidad específica de jubilación parcial para el personal laboral de las Administraciones públicas, ni altera los elementos esenciales de esa institución, que es el contrato de relevo. Su aportación consiste en adaptar el cumplimiento de los requisitos del contrato de relevo a las singularidades que presenta el empleo público. La reforma parece alcanzar ese objetivo: sin desnaturalizar la jubilación parcial ni el contrato de relevo, introduce las adaptaciones imprescindibles para evitar que el contrato de relevo y la jubilación parcial queden privados de eficacia práctica en nuestras Administraciones públicas. Sin embargo, permanece abierta la cuestión de la jubilación parcial del personal funcionario. Conviene recordar que la jubilación parcial no es únicamente un derecho laboral -que también-, es, por supuesto, una herramienta útil y necesaria para nuestras Administraciones públicas: permite planificar el relevo generacional, facilitar la transmisión del conocimiento acumulado durante décadas de servicio público y mejorar la organización de las plantillas. Apostar por ella es apostar por unos servicios públicos más fuertes, más eficientes y mejor preparados para afrontar los retos que vienen en las próximas décadas teniendo en cuenta el envejecimiento de las plantillas públicas en nuestro país.»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.