«El nefasto Gobierno del señor Rajoy derogó el artículo 67.1.d) del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante un Real Decreto Ley, el 20/2012, y con ello le cerró el acceso a la jubilación parcial al personal funcionario. Aquella decisión supuso un retroceso incomprensible e inaceptable, solo entendible desde la óptica neoliberal que ha considerado siempre el empleo público como un gasto y no como una inversión imprescindible para garantizar derechos y servicios públicos de calidad. (Aplausos). Hoy vamos a poner solución a dos deudas pendientes con las empleadas y empleados públicos: por un lado, la recuperación efectiva de la jubilación parcial para el personal laboral, y, por otro, la revisión de los complementos de insularidad de las Illes Balears. Pero todavía tenemos importantes desafíos por delante. Regular y atajar el abuso en la temporalidad en el conjunto de las Administraciones públicas sigue siendo una tarea ineludible para esta Cámara; que exista una búsqueda real de consenso entre el ministerio y las comunidades autónomas para nosotras es un paso en el camino correcto para reparar la situación en la que se encuentran tantos y tantas empleadas públicas que continúan, hoy en día, padeciendo ese abuso, pero también configurar unas Administraciones públicas con unas tasas de temporalidad situadas en mínimos es imprescindible para el correcto funcionamiento de los servicios públicos.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.