«Buenas tardes. Lo que hoy debatimos aquí es la transferencia de una competencia, pero para mi grupo, para SUMAR, la única solución es recuperar para el público la autopista del Atlántico. Y voy a explicar por qué. Porque es absurdo que ir y volver de Ferrol a Tui por la autopista del Atlántico cueste 56 euros, de los que la persona usuaria paga 28 euros y los otros 28 euros los pagamos todos, porque lo subvenciona el Estado. Un peaje abusivo por ejercer el derecho a la movilidad. Pero incluso es más absurdo si se tiene en cuenta que para hacer 600 kilómetros de Madrid a A Coruña y al revés, es prácticamente sin peajes. ¿Qué modelo de articulación territorial es este? Es absurdo que el principal eje de transporte por carretera de Galicia esté en manos de una empresa extranjera, propiedad de fondos de inversión domiciliados casualmente en los Países Bajos y en Luxemburgo. Es absurdo que la empresa que explota la concesión de autopista del Atlántico ingrese 230 millones de euros en peajes y que tenga un EBITDA de 190 millones de euros. Hablamos de una rentabilidad sobre ingresos del 82 %; algo inusitado, inaudito en una economía de mercado. Pero todavía es más inaceptable que la empresa destine el 100 % de los beneficios a pagar dividendos a sus accionistas, a estos fondos de inversión domiciliados en los Países Bajos y en Luxemburgo. Es absurdo que una gran parte de estos beneficios de los fondos de inversión extranjeros sean a costa de los recursos públicos de nuestro país, porque en 2025 el Estado entregó -¡atención!- 85 millones de euros a esta empresa privada para bonificar los peajes. Es absurdo que una concesión que tenía como fecha de finalización el 2012 se extienda hasta el 2048, en buena medida por decisión de Aznar de ampliar en veinticinco años más el periodo concesional. Cuando prácticamente no queden autopistas de peaje en España, en Galicia seguiremos pagando. Es absurdo que el Ministerio de Transportes -atención a esta cifra- tenga el compromiso de dar 3800 millones de euros en bonificaciones a una empresa privada hasta el año 2048. Y es todavía más absurdo porque el valor de mercado de Audasa, la empresa que explota la AP9, está en torno a los 2000 millones de euros. El Estado va a pagar cuatro veces más de lo que costaría en el mercado hoy. Para ser claros, lo que hoy debatimos es la transferencia de la competencia a la Xunta de Galicia. Eso no va a resolver ninguno de estos absurdos. La solución real es que la autopista vuelva a ser pública, porque ya lo era hasta que Aznar la privatizó en 2003. Es decir, tres años después de ampliar el periodo concesional durante veinticinco años. Un pelotazo más de las privatizaciones de Aznar que, si no fuera por todo el tiempo que ha pasado, debería investigarse.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.