«La solución será posible porque tenemos un Estado social y redistributivo. Es la Seguridad Social -y, por lo tanto, toda la sociedad- la que va a realizar un esfuerzo solidario al hacerse cargo de una parte del coste económico en pensiones que supone esta ley. Para esto sirven las cotizaciones sociales y los impuestos que todos y todas pagamos: para garantizar derechos básicos que, por lo que sea, no garantiza el sector privado. La otra parte la abonarán los mutualistas con sus aportaciones durante años. Es decir, únicamente no van a pagar las mutualidades. Los fondos que los mutualistas han generado han dado grandes rendimientos a las mutualidades y, desgraciadamente, esos rendimientos, en su mayoría, no van a destinarse a pagar las pensiones de jubilación, sino que las mutualidades se los quedan en su contabilidad bajo ese eufemismo de 'rendimientos por otros conceptos'. Todos los beneficios generados por las mutualidades pertenecen a los mutualistas y deberían utilizarse proporcionalmente para las respectivas pasarelas al RETA. Y es el Estado, al final, quien va a rescatar a los y las profesionales a los que las mutualidades condenaron a la indigencia en su jubilación.»

Fragmento 2 de 6 de esta intervención.