«Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Intervengo para defender el Proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común y también para dar respuesta a las enmiendas de totalidad presentadas por dos grupos parlamentarios. Antes de exponer el contenido de este proyecto de ley, permítanme recordar cuál es la situación financiera de partida de nuestras comunidades autónomas. Las dos comunidades autónomas con más deuda son la Comunidad Valenciana y Murcia, pero veamos el panorama global con datos del Banco de España del primer trimestre de 2026. La deuda sobre el PIB del conjunto de comunidades autónomas es del 20,3 %, con una disparidad muy grande entre distintos territorios. Por ejemplo, la que menos tiene sobre PIB sería Canarias, con un 10,5, y la que más tiene, como les decía, sería la Comunidad Valenciana, con un 40,4 %. Hay casi 30 puntos de diferencia entre la comunidad autónoma más endeudada y la menos endeudada. Pero creo que es importante no solo analizar la foto fija del primer trimestre de este año que nos da el Banco de España, sino la evolución. Y me centraré, si me permiten, en las dos comunidades autónomas con mayor nivel de endeudamiento, analizando la evolución de los datos en dieciocho años, desde el año 2008 hasta el primer trimestre de 2026. La Comunidad Valenciana tenía en 2008 un 12,7 % de endeudamiento sobre PIB. En 2026, tenía un 40,4 %. El salto grande de endeudamiento se produce del año 2008 al año 2015, con una subida de 28,8 puntos, gobernando durante esos años el Partido Popular. (Rumores). En la Comunidad Autónoma de Murcia, en 2008 era el 2,6 % del PIB y en 2026, el 31,1 %. Son 28,5 puntos. Dieciocho años de Gobierno ininterrumpido del Partido Popular. Las dos comunidades autónomas con mayor deuda son aquellas en las que más tiempo ha estado gobernando el Partido Popular. Si, como dicen algunos, hay un problema de gestión para ese gran endeudamiento, pues habrá que ver a quién están señalando en realidad. En todo caso, por tener un debate serio, es verdad que el sobreendeudamiento de determinados territorios en nuestro país responde a una casuística elevada. Hay una parte, desde luego, de gestión; hay una parte que tiene que ver con el modelo de financiación autonómica; hay una parte muy importante consecuencia de la crisis del COVID, y también hay una parte muy importante relacionada con la crisis financiera. Estos son los datos, esta es la situación, y las consecuencias son obvias para todas las comunidades, especialmente para las más endeudadas: una incapacidad de acudir al mercado; una dependencia absoluta de mecanismos extraordinarios de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómico; la pérdida de autonomía financiera, que se traduce, por desgracia, en una pérdida de autonomía política, y el riesgo de sostenimiento financiero de las competencias que tienen otorgadas del Estado del bienestar.»

Fragmento 1 de 10 de esta intervención.