«Una vez analizados los datos y constatada la magnitud del problema, la gran pregunta que debemos hacernos como responsables políticos es muy sencilla: ¿queremos solucionar este problema o queremos seguir mirando hacia otro lado con los brazos cruzados y sin hacer nada? Porque hoy nadie puede negar la realidad: tenemos comunidades autónomas que arrastran niveles de endeudamiento extraordinariamente elevados y que ven limitada su capacidad para prestar servicios públicos, invertir y desarrollar políticas en beneficio de sus ciudadanos. Ante esta realidad, podemos actuar o no hacer nada. El Gobierno ha decidido actuar, y eso lo expondré a continuación, pero hay una pregunta dentro de todo este debate muy importante: ¿se cree o no se cree en el Estado de las autonomías? Si la respuesta es que no, no tiene sentido continuar ni escuchar lo que vamos a debatir esta tarde en la Cámara. Si creemos en el Estado de las autonomías, eso significa que todas las comunidades autónomas deben disponer de los recursos necesarios para ejercer adecuadamente las competencias que la Constitución y las leyes les atribuyen; significa entender que la sanidad, la educación, los servicios sociales o la dependencia se prestan desde los territorios y que los ciudadanos tienen derecho a recibir unos servicios públicos de calidad con independencia de dónde residan. Y significa también asumir que cuando existen problemas estructurales que afectan al funcionamiento del sistema, el Estado, el Gobierno central, tiene la obligación de abordarlos y corregirlos como hace con este proyecto de ley, absorbiendo una parte de la deuda de las comunidades autónomas. Por eso, este debate trasciende las cifras y balances contables. Lo que hoy estamos discutiendo es si queremos fortalecer nuestro modelo territorial o debilitarlo, si queremos asumir nuestra responsabilidad o refugiarnos en la comodidad de la crítica. (Rumores).»

Fragmento 2 de 10 de esta intervención.