«En tercer lugar, sostienen que la norma carece de consenso. La realidad es que el proyecto ha sido debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha pasado por los trámites de consulta pública. De hecho, conviene recordar lo que pasó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 26 de febrero: cuando se planteaba esta medida en un foro multilateral, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular optaron por levantarse de la mesa y abandonar la reunión; lo que, si me permiten, podríamos denominar gamberrismo institucional. Naturalmente, no todas las comunidades autónomas comparten la misma posición política que el Gobierno, esto es perfectamente legítimo, pero no puede confundirse la falta de unanimidad con la ausencia de diálogo. En cuarto lugar, el Partido Popular afirma que la medida vulnera los principios constitucionales de igualdad, solidaridad o autonomía financiera. Pues bien, como ha dicho en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, el principio de igualdad no exige un tratamiento idéntico para realidades diferentes, lo que prohíbe son las diferencias arbitrarias o carentes de justificación objetiva. Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda, no todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación y no todas afrontan los mismos desafíos de sostenibilidad financiera. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad, es precisamente actuar con justicia. Tampoco se vulnera la solidaridad interterritorial, al contrario, consiste en evitar que determinados desequilibrios acumulados comprometan la estabilidad del conjunto del Estado autonómico y la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales. Esta ley no altera competencias, no modifica el reparto competencial y no impone ninguna decisión a las comunidades autónomas. Señorías, nadie ha defendido que una quita de deuda resuelva por sí todos los problemas financieros de nuestro Estado autonómico. Por eso, la reforma sigue siendo necesaria y la plantearemos a esta Cámara. Pero es indiscutible que una reducción sustancial de la deuda mejora los indicadores de solvencia, reduce la carga financiera y fortalece la posición de las comunidades autónomas ante los mercados.»

Fragmento 8 de 10 de esta intervención.