«Señor ministro, el endeudamiento es un problema estructural de la economía española. La realidad es que la deuda autonómica ha pasado de 39 000 millones de euros en el año 2000 a 347 000 millones de euros en marzo del año 2026. La realidad es que el coste del despilfarro autonómico -que eso son los intereses de su deuda- ascenderá, según Fedea, a 10 114 millones de euros en 2027. Ahora, este proyecto de ley les dice que el Estado asumirá una parte importante de esa factura. Señor ministro, el mensaje que estamos enviando es devastador. El mensaje es que no merece la pena ser responsable en la gestión ni contener el gasto. El mensaje es que quien gasta sin control acaba siendo rescatado. El mensaje es que quien administra mejor acaba pagando la fiesta del vecino. (Aplausos). Este es el verdadero relato que esconde esta ley. Tercera, una enmienda a la totalidad a la incoherencia, porque el propio proyecto de ley afirma que pretende reforzar la responsabilidad fiscal y facilitar el regreso de las comunidades autónomas a la disciplina de los mercados. Sin embargo, unas páginas después se excluye expresamente esta operación del principio de responsabilidad previsto en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Es decir, para defender la responsabilidad fiscal lo primero que hace el Gobierno es suspender el principio de responsabilidad. O sea, dice querer fortalecer la responsabilidad fiscal mientras elimina las consecuencias de haber actuado irresponsablemente. Una pura contradicción. Como también es una contradicción hablar del principio de autonomía política de las comunidades autónomas y de reforzar su capacidad de decisión. Lo es porque, cuando llegan las consecuencias financieras de esas decisiones, la autonomía desaparece, la deuda deja de ser autonómica y la responsabilidad vuelve a ser del Estado. (Aplausos).»

Fragmento 3 de 6 de esta intervención.