«Ahora bien, conviene explicar qué hay detrás de esta cifra, ya que, del 1,5 del déficit previsto para 2027, nada menos que el 1,2 % corresponde a la transferencia que registra el Estado a la Seguridad Social para garantizar la financiación del sistema público, en cumplimiento de lo acordado por el Pacto de Toledo. Es decir, la práctica totalidad del déficit corresponde a una decisión política y socialmente responsable, que es garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema público de protección social y la suficiencia de las pensiones. Además, una décima adicional del déficit se explica por el reparto de la recaudación del impuesto a las entidades financieras entre las comunidades autónomas. Por tanto, los datos demuestran que el esfuerzo de ajuste recae fundamentalmente en la Administración General del Estado, permitiendo a las comunidades autónomas disponer de una mayor capacidad financiera para prestar los servicios públicos esenciales que demandan los ciudadanos. En el caso de las comunidades autónomas, la senda contempla un objetivo de déficit del 0,1 del PIB desde 2027 hasta 2029. Este planteamiento proporciona un marco estable y predecible para la programación presupuestaria de los Gobiernos autonómicos durante los próximos tres ejercicios. Por lo tanto, un 0,2 ajustado con la Administración General del Estado, por lo que les comentaba del impuesto bancario y la transferencia a la Seguridad Social, y un 0,2 cuando añadimos el 0,1 bancario a las comunidades autónomas. En consecuencia, el mismo esfuerzo durante el año próximo. Según las estimaciones realizadas, la aprobación de la senda permitiría a las comunidades autónomas disponer de un margen fiscal acumulado cercano a los 5849 millones de euros en el periodo 20272029.»

Fragmento 3 de 6 de esta intervención.