«En segundo lugar, las anteriores regularizaciones tuvieron en cuenta nuestra capacidad de acogida y se vincularon a la tenencia de un empleo o una oferta de trabajo. Desde 2020, la población española ha aumentado en 2,7 millones de habitantes, lo que ha afectado a nuestros servicios públicos, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra protección social y vivienda, tensionándolas de forma intensa y poniendo nuestra capacidad de acogida al límite. La regularización no estima como requisito el tener un empleo, y eso ya se ha constatado en las listas del INEM. La pobreza infantil se ha disparado y uno de cada tres menores está hoy en España bajo el umbral de pobreza. En tercer lugar, las previsiones han sido desbordadas, como hemos dicho en la presentación de la iniciativa. El Gobierno pretendió decirnos que se iba a regularizar a 500 000 personas, pero, según el propio Gobierno, el número de peticiones asciende a 1 300 000 personas. España se ha convertido, señorías, en el expendedor de papeles para todos de la Unión Europea.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.