«En cuarto lugar, nuestra seguridad. Improvisar un procedimiento de regularización sin garantías estrictas en un país donde la delincuencia viene aumentando no es una temeridad, es sencillamente un crimen. El Gobierno ha generado un proceso caótico desde el control y verificación de la documentación, haciendo que esta sea imposible. La falsificación de la documentación resulta sencilla y es frecuente. Hay quien habla de los famosos kits de arraigo que se venden y con los que se trafica en las redes. El ministerio ha apartado a los equipos de extranjería especializados en ellos, y el decreto permite regularizar a delincuentes con antecedentes policiales mientras no exista sentencia firme, que es lo que determina la tenencia de antecedentes penales. Incluso personas con órdenes de expulsión podrán ser regularizadas a través de este procedimiento. En 2024, señorías, se emitieron 51 000 órdenes de expulsión en España y solo se ejecutaron 3500. En quinto lugar, nuestra seguridad nacional. El Gobierno eliminó por primera vez del informe de Seguridad Nacional de 2025 el problema de la inmigración ilegal como una de las grandes amenazas para nuestra seguridad nacional. Evidentemente, esto tiene que ver con lo que ha sucedido en Ceuta. Nosotros hemos solicitado, en la recientemente creada ponencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, toda una serie de documentos que avalen el proceso de regularización: documentos relativos o informes pertenecientes al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, documentos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, el informe OBERAXE sobre el fraude documental, los de la Dirección General de Policía sobre el impacto del proceso, el del sistema de coordinación con la Unión Europea sobre todo el proceso o los del Departamento de Seguridad Nacional. Pues bien, tres meses después, el Gobierno y el Ministerio del Interior se han negado a facilitarnos toda esta documentación.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.