«Señorías, distingamos entre la responsabilidad penal, que corresponde a los jueces, y la responsabilidad política e institucional, que corresponde a los imputados en un caso tan grave como este. Esos imputados no pueden continuar en sus cargos contaminando a una institución tan honrosa y querida como la de la Guardia Civil, aquellos que no solo conocían las pretensiones de la cloaca socialista, sino que, además, están imputados por trabajar para ella. Su deber era poner inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía las pretensiones de Leire, pero, claro, el servilismo a Sánchez es condición necesaria para tener un cargo en este Gobierno corrupto, y eso, señorías, es sagrado, aun a costa de traicionar a la Guardia Civil como institución y a los profesionales que diariamente se juegan literalmente la vida para defendernos. Si ya es grave la imputación de la directora de la Guardia Civil -sanchista de manual, al fin y al cabo-, la situación del DAO tiene un plus de infamia porque deshonra el uniforme que viste, mancilla su juramento y traiciona a los miles de hombres y mujeres de honor que han integrado la institución y que aún hoy deben cumplir sus órdenes. El lunes, señorías, conocimos además que admitió que la directora conocía los manejos de la cloaca mientras se reunía con Leire y que el juez tiene informes que recogen alertas internas sobre las maniobras contra la UCO desde abril de 2025. Son muy graves las fechorías de la cloaca socialista para desestabilizar la implacable labor de la UCO, buscando su desprestigio y tratando de anular las causas con implicaciones de socialistas o familiares del presidente. Además, buscaba el desprestigio de jueces como Peinado, por el caso de Begoña Gómez, o como Biedma, por el caso de David Sánchez; de fiscales anticorrupción, como su jefe, Alejandro Luzón, por los múltiples casos de corrupción del PSOE; y de los agentes de la UCO, como el coronel Balas o el capitán Bonilla.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.