«¿Cuántos recursos va a haber antes de 2027? ¿Qué medidas fiscales, vicepresidenta, va a haber? ¿Qué coordinación real va a haber entre su ministerio, el de Transición Ecológica, y el de Agricultura? Desde el primer día pedimos esa coordinación, un debate, un diálogo y que haya entendimiento entre ambos ministerios. ¿Qué instrumentos van a tener los territorios para actuar sin esperar la autorización de Madrid, por ejemplo? Porque si no hay cifras, si no tenemos un calendario responsable... En su pacto de país, al que sabe que nosotros ya hemos aportado propuestas y aportaremos las que hagan falta porque, repito, el incendio no pide permiso para traspasar de Aragón a Cataluña o al revés, lo que necesitamos es justamente que eso no se quede solo en un pacto de palabras. Los bosques no se gestionan con declaraciones, sino con actividad económica y presupuestos, y aquí aparece la gran contradicción del Gobierno, si me lo permite, vicepresidenta. No se puede invocar la emergencia climática ante los incendios y aplazar al mismo tiempo decisiones estructurales cuando hablamos, por ejemplo, de energía, y esta es la gran contradicción. Se ha aprobado Almaraz hasta 2030 cuando los reactores tenían que cesar, como todo el mundo sabe, en noviembre de 2027 y en octubre de 2028. Ustedes dicen que es una decisión excepcional vinculada a la situación geopolítica y también al precio de los combustibles y que no modifica el cierre total previsto para 2030, o eso me ha parecido entender. Nosotros les decimos una cosa muy sencilla con toda la humildad del mundo: Almaraz no puede abrir una cadena automática de prórrogas; no puede pasar, vicepresidenta. El PSOE ha incumplido el primer plazo del calendario que ellos mismos presentaron como un calendario ordenado y viable, y eso no se puede disfrazar de excepcionalidad. Explíqueme por qué no se desplegaron antes las alternativas y qué garantía jurídica y política tenemos hoy en día, por ejemplo, de que Ascó y Vandellós no van a ser los próximos. No puede ser un precedente para que mañana los propietarios de Ascó y Vandellós, Cofrentes en el país valencià o de Trillo vuelvan a presentar lo mismo. O se alarga la vida de los reactores -dicen ellos- o ponemos en riesgo el suministro, y todo el mundo muerto de miedo, acojonado. ¡Eso es un chantaje en toda regla! Eso se tiene que preparar diez años antes, no el día antes de un cierre. Si ahora faltan redes, almacenamiento o flexibilidad en renovables, no es una fatalidad, es el resultado de que no se han hecho los deberes cuando había que hacerlos y no una fatalidad. Por lo tanto, es inaceptable que la falta de renovables o de redes se convierta en la excusa para mantener abiertos los reactores. Y también es inaceptable, señora Aagesen, que se obligue a escoger entre seguridad de suministro o cierre nuclear. Claro, nos lo ponen tan difícil... A todos nos gusta encender la luz dándole al interruptor. Este argumento es falso. Sí, es falso, sobre todo porque tiene que haber planificación, voluntad política e inversión, y porque eso no cayó del cielo. Lo pactamos, Enresa y las empresas propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy, y el Gobierno lo incorporó en su planificación. Y ahora resulta que esas mismas empresas que lo acordaron tienen la fuerza suficiente como para obligar a que se haga una revisión; mientras hay territorios que acogen las centrales y los residuos, lo tenemos que ver desde la gradería. Eso no es gobernanza energética democrática, vicepresidenta, sino dejar las llaves del calendario a las eléctricas de siempre. Iberdrola, Endesa y Naturgy pactan, pero no solo pactan, presionan y piden la prórroga. Y, claro, los beneficios se quedan como siempre en sus fantásticos consejos de administración, mientras que los riesgos, los residuos y la factura de la improvisación se quedan en los territorios. Pues mire, ya basta de privatizar las decisiones y de socializar los costes. Estamos muy cansados. Cataluña produce energía nuclear por encima de su peso demográfico y convive con tres reactores, con los residuos y con la incertidumbre del futuro de Ascó y Vandellós. No permitiremos que eso se proyecte automáticamente en Cataluña, porque nosotros queremos capacidad para decidir nuestro propio modelo energético, porque la soberanía energética también es soberanía nacional, y la soberanía energética -voy acabando- es una pieza clave para nuestro tejido industrial. Somos conscientes. Tenemos que acelerar esta transición hacia energías renovables para asegurar un suministro que sea seguro, que esté limpio que también sea económico para nuestras fábricas y para nuestra industria. Como usted sabe muy bien, el PNIEC fija para el 2030 un sistema más electrificado y renovable. Vamos a un mundo que se electrifica a marchas forzadas, pero vamos tarde. Es que vamos muy tarde. Las emisiones de gases de efecto invernadero no han bajado lo suficiente en el año 2024, se ha referido usted a ello, y en el 2025 tampoco, y difícilmente vamos a llegar a los objetivos marcados para el 2030. ¡Atención, eh, que faltan cuatro años, faltan cuatro años para el 2030! Nosotros creemos que tienen que hacer el trabajo y que es urgente. Vicepresidenta, renovables con respeto al territorio, red de generación distribuida, almacenamiento, interconexiones, autoconsumo, comunidades energéticas y flexibilidad; no solo grandes proyectos para los de siempre. Y hagan también los deberes normativos que permitan cumplir este calendario. La reforma de los derechos de emisión llega con dos años de retraso y todavía arrastramos despliegues sobre red, almacenamiento, autoconsumo y comunidades energéticas. Lo digo porque tiene una causa directa: cada limitación que se encalla hoy se convierte automáticamente mañana en una excusa para aplazar, por ejemplo, el cierre nuclear. La transición tiene que proteger los hogares vulnerables y tiene que llegar a tiempo, y tiene que hacerse por sectores. Y haga una transición justa, vicepresidenta, con calendario, con presupuestos y con proyectos productivos antes del cierre, y no con una oficina, con un folletito y promesas cuando ya se ha apagado el reactor. Ascó y Vandellós, pero también todo el Camp de Tarragona, necesitan alternativas industriales, empleo -empleo cualificado, claro, evidentemente-, retorno fiscal y también infraestructuras, y las necesitan ya.»

Fragmento 10 de 11 de esta intervención.