«En definitiva, creo que hemos acometido una reforma integral y estructural que sitúa a nuestro país en condiciones de responder laboralmente al cambio climático, sin sacrificar empleos ni empresas, protegiendo el tejido productivo y garantizando una transición socialmente justa. Si me lo permiten, les diré que ahora con este real decreto damos un paso más -insisto, les doy las gracias a los agentes sociales de nuestro país-, damos un paso más definiendo una nueva prestación extraordinaria por emergencia extrema. No hace falta que les diga que lo que hemos vivido recientemente en Madrid, en Ávila, en Toledo y en tantos sitios es de una virulencia extrema. En definitiva, se trata de que ninguna persona trabajadora tenga que elegir entre su seguridad y su empleo, y lo mismo cabe decir para cualquier empresario, que si pierde su negocio o su actividad, pueda tener futuro; que ninguna persona sufra una penalización económica añadida por una catástrofe que nadie ha elegido. La norma da respuesta a las situaciones que impiden o que suspenden la actividad productiva y laboral, pero también a situaciones inaplazables, como la evacuación de la vivienda -como hemos vivido- o la recuperación de los bienes indispensables, a veces por causas muy prolijas, pero que están en la norma, con trámites administrativos indispensables. Aquí quiero dar las gracias a los registradores de la propiedad y a las notarías, porque hemos firmado un convenio con ellos y todo el mundo se ha puesto a ayudar ante esta situación. Y, por supuesto, por ejemplo, también puede existir la causa de que uno no haya sufrido el daño pero tenga que cuidar a sus familiares afectados.»

Fragmento 3 de 7 de esta intervención.