«Muchas gracias, señora presidenta. Lo cierto es que nadie debería elegir entre tener su puesto de trabajo o cumplir, por ejemplo, con una orden de evacuación. Nadie debería estar pensando en fichar en su puesto de trabajo cuando busca un alojamiento alternativo para su familia, o no sabe con quién dejar a sus personas mayores y a sus niños y niñas mientras dura la catástrofe, o cómo recuperar aquello que quedó después del paso de las llamas. Por eso, a nosotras nos parece que hay bastantes aspectos positivos en este real decreto ley. Por ejemplo, que las personas afectadas puedan suspender su contrato, que se protejan las tareas de cuidados, que no se exija una cotización mínima y que no se consuma por parte de la prestación paro acumulado. Valoramos asimismo la protección a cooperativistas y autónomos, la garantía de reincorporación en el puesto de trabajo y que cualquier represalia empresarial sea perseguida y, además, sea declarada nula. Pero nuestro voto favorable no significa que no haya aspectos que también nos generen dudas, por ejemplo, y el más evidente es que la prestación tan solo cubre un 70 % de la base reguladora. Por lo tanto, la víctima pone el miedo, pone los daños y también pone el 30 % que falta. Y esto, señora ministra, nosotros entendemos que debe corregirse. Nosotros proponemos que la protección alcance el 100 % para los salarios más bajos y medios y además un permiso plenamente retribuido durante los primeros días de emergencia. El segundo punto débil que le vemos al real decreto ley es la burocracia. Lo que no podemos hacer es que a quien acaba de perder su casa o está en una situación muy difícil, en la que ni siquiera puede encontrar la documentación necesaria, le pongamos toda una gincana administrativa. Lo que hay que hacer es acompañar a estas personas. Por lo tanto, cuando la empresa no colabore, creemos que debe existir una vía directa a través del SEPE, que se haga un reconocimiento de oficio, siempre que sea posible, y que se les dé flexibilidad en los plazos cuando exista una causa justificada. Y el tercer problema es la duración. Queremos que se acorte a tan solo cuatro meses. Nosotras creemos que esta se debe ampliar mientras persistan las circunstancias del daño que ya está acreditado.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.