«Señorías, el Estado de derecho es la garantía de los gobernados frente a los gobernantes, es el seguro de los débiles frente a la arbitrariedad de los fuertes. Ningún ciudadano que quiera una sociedad mejor podría entender que teniendo la oportunidad de fortalecer hoy el Estado de derecho, elijan debilitarlo, -aunque tampoco se sorprenderá-, y que, teniendo la oportunidad de consolidar la independencia de la justicia tal y como nos pide y exige Europa, opten por un modelo politizado y sumiso a los intereses particulares. Señorías, la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas depende también de que perciban una justicia independiente y sin interferencias políticas. En este sentido, pasar de los veinte vocales elegidos políticamente en esta Cámara a los ocho que la Constitución reserva al Parlamento es sin duda un avance indudable. Porque esta reforma no solo va en el sentido de lo que pide Europa, sino que encaja mucho mejor con la propia letra, el espíritu y la lógica del artículo 122.3 de nuestra Constitución. En este sentido, si la intención del constituyente hubiera sido que todos los vocales del Consejo fueran elegidos por las Cortes lo hubiera recogido expresamente así, pero distinguió dos posibles procedimientos -los elegidos por esta Cámara y los elegidos por el propio Poder Judicial-, y lo hizo para establecer unos equilibrios complejos propios del Estado de derecho avanzado, ese Estado de derecho avanzado que materializó la Constitución del 78. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.