«Avala que no hi va haver delicte en l'1 d'octubre i estableix que l'1 d'octubre va ser un referèndum d'independència sense qualificarho, d'il·legal o il·legítim. Acabo. Demà és la Diada Nacional de Catalunya. Els carrers s'ompliran d'estelades i d'esperança per un futur lliure i digne per al nostre país. I els aviso. No hi haurà mai ni policia espanyola, no hi haurà mai ni justícia espanyola que pugui acabar amb l'anhel de llibertat del nostre poble. Visca Catalunya lliure! Moltes gràcies. Buenas tardes, señora presidenta. Señorías, bajo la apariencia de una propuesta de consenso avalada por Europa, lo que tenemos en realidad es, de nuevo, mucho postureo y muy pocas ganas de entrar en el fondo del problema de la justicia en el Estado español, porque el modelo de justicia merece ser tratado con seriedad. Nosotros quisiéramos entrar en este debate, porque en ello nos van los derechos y las libertades, pero, al final, cuando hablamos de justicia siempre terminamos en el mismo lado, en una confrontación estéril y retórica entre los dos bandos: el de los intereses ideológicos, pero sobre todo económicos y corporativos de la derecha judicial y del Partido Popular, y el de los intereses ideológicos, pero, sobre todo, económicos y corporativos de la progresía judicial y del PSOE. Ninguno de los dos partidos que se autodenominan de Estado defienden una justicia independiente e imparcial, despolitizada, profesionalizada, eficaz y conectada con la realidad. Ninguno de los dos defiende una justicia europea. No la defiende el PSOE con sus leyes Bolaños. En vez de plantear soluciones estructurales, bajo la apariencia de medidas modernizadoras, promueve medidas partidistas para defenderse en la batalla con la derecha judicial. Naturalmente, tampoco lo hace el PP, que dice defender una justicia independiente, imparcial y europea. Dice seguir esta retórica, pero lo hace con la misma finalidad que el señor Bolaños y compañía: defender medidas por su interés parcial. Es exactamente lo que ocurre con la proposición de ley del Grupo Popular que nos ocupa y que, además, es un perfecto ejemplo de cómo hacerse trampas al solitario, porque se ampara en una concatenación falaz de argumentos para llegar a la conclusión de que no interesa. Primero, empiezan con un autoengaño. La Ley Orgánica 3/2024, una tapadera que nadie se creyó y que no servía para nada más que para disfrazar de consenso institucional uno de los espectáculos más repugnantes que ha vivido el bipartidismo español, ni más ni menos que el reparto de puestos en el consejo general que pactaron Bolaños y González Pons en una habitación oscura de Bruselas para poner fin así a un bloqueo de más de cinco años. Es el famoso acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el estatuto fiscal del 25 de junio de 2024. En ese acuerdo el tema no era la reforma del Poder Judicial, el tema era, como sabemos todos, mucho más prosaico, no era otro que el reparto de cargos en el Consejo General del Poder Judicial que figuraba en el anexo segundo del acuerdo, diez para unos y diez para los otros, porque, naturalmente, por mucho que lo dijera la Ley 3/2024, no ha habido propuesta alguna del Consejo General del Poder Judicial para reformar el Poder Judicial. Lo que ha habido, como es lógico, son dos propuestas, una por bando, firmadas, evidentemente, por los miembros de cada cuota partidista. Por tanto, la pretensión del PP de sacar las consecuencias que le interesan de los informes del consejo general, de la Comisión Europea, del GRECO y de la Comisión de Venecia no tiene justificación alguna. Si existe un órgano politizado por definición, no es otro que el Consejo General del Poder Judicial, un órgano formado por jueces partidistas, cuya principal función es designar jueces de acuerdo con cuotas partidistas. Lo que prevalece es la fidelidad política, funciona a base de consignas, y quien no las sigue, pierde la silla, un órgano disfuncional hasta la médula, que, en lugar de hacer de gobierno del Poder Judicial, que es lo que debería hacer, hace de controlador político del Poder Judicial. Y la propuesta del Grupo Popular no pretende cambiarlo, únicamente pretende perpetuar su predominio y el de sus acólitos de este órgano con un tópico falso y sobado, que es que deben ser los jueces quienes eligen a los jueces.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.