«Dicho esto, a mí lo que me parece más importante de todo es el desastre reputacional al que se somete a la justicia por la manipulación que unos y otros, aunque los otros en una medida menor, hacen de sus lacayos con toga, por así decirlo. Y se lo digo porque una de las funciones esenciales del Consejo General del Poder Judicial, aparte de ser el órgano de gobierno, es la de sanción, es el órgano sancionador. Da muchísima vergüenza leer que el 91 % de las denuncias contra jueces se han archivado, que ser juez y ser impune en tu trabajo es prácticamente equivalente, porque eso lo que hace es que nadie crea que las actuaciones contra la justicia puedan tener un buen recorrido. ¿Que una jueza dispone cárcel provisional para alguien durante dos años y luego le absuelven? Pues aquí no ha pasado nada. Se le pone una querella, pero el Consejo General del Poder Judicial considera, aunque en este caso fue el Tribunal Supremo, cuyo presidente también es presidente del Consejo General del Poder Judicial, que no hubo mala fe, que se equivocó, sin más. ¿De verdad? ¿Ustedes creen que se puede aguantar esto en un Estado que se llama democrático y de derecho? ¿Que no haya ninguna consecuencia por decisiones en el ejercicio de la función jurisdiccional que rompen completamente vidas? ¿Ustedes realmente creen que esto da en medida alguna algo de justicia -no independiente, porque se olvida de la palabra esencial, imparcial-, que no prejuzgue en función de la identidad de los intervinientes cuál va a ser el resultado? ¿Y sabe qué pasa? Se lo han dicho antes. Viniendo como venimos de una, digamos, aplicación absolutamente total del derecho penal del enemigo contra los independentistas, pues bien, la imparcialidad ni está ni se la espera. Por lo tanto, en fin, no nos haga entrar a hablar de estos temas.»

Fragmento 7 de 8 de esta intervención.