«Y, cómo no, no podía faltar el grupo de la centralización en esta proposición de ley. En este caso, el Registro Nacional de Especialistas. El artículo 3 modifica el artículo 32.4 de la Ley 44/2003 para reforzar que todos los registros de especialistas en ciencias de la salud se gestionen exclusivamente desde el Ministerio de Sanidad. Y eso es simple y llanamente inaceptable. Cataluña dispone de instrumentos propios de registro y acreditación profesional. Transferir o subordinar esta información al ministerio es un paso más en la recentralización de datos sanitarios y en el control de las plantillas de profesionales. Una vez más, plantean una ley con consecuencias económicas importantes. Quizás tendría que haber sido un proyecto de ley, porque ustedes presentan esta proposición sin ningún tipo de memoria económica ni de impacto sobre los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas. La proposición no cuantifica cuánto costará incorporar a estos profesionales como sanitarios titulados, qué retribuciones, categorías, formación especializada, plazas, etcétera. En Cataluña, donde ya existe tensión de personal y déficit de financiación sanitaria, una medida de este tipo sin transferencia de recursos es sencillamente un cheque en blanco que acabará pagando el Govern de la Generalitat.»

Fragmento 7 de 8 de esta intervención.