«Marruecos, ese gran aliado -entendiéndose la ironía-, ha utilizado la inmigración como una herramienta de presión geopolítica, un chantaje migratorio que ha consistido en abrir o cerrar la frontera según sus propios intereses diplomáticos. Estamos ante una guerra híbrida al mismo tiempo que se contribuye al cumplimiento de un acuerdo; un acuerdo, además, que es objetivo de esta iniciativa. Nuestro país y el Reino de Marruecos firmaron un acuerdo sobre la cooperación en el ámbito de la prevención y de la inmigración ilegal de menores no acompañados -su protección y su retorno concertado- en Rabat en el año 2006 y cinco años más tarde fue ratificado, pero este acuerdo no se cumple por ninguna de las partes: ni por parte de España ni por parte de Marruecos. Entraron miles de personas y entre ellas más de dos mil menores no acompañados, pero en realidad nunca vamos a saber la cantidad exactamente porque el número no es el plato fuerte de este Gobierno. El Ejecutivo, en lugar de devolverlos con sus familias, lo que quiere hacer es repartirlos por todas las comunidades autónomas. Los menores de nacionalidad marroquí representan casi la mitad de todos los menores no acompañados que han entrado en nuestro país. (Aplausos). Dos de cada tres tienen nacionalidad marroquí y este Gobierno no ha devuelto ni uno solo en ocho años. Además, señorías, no tenemos ningún deber, ningún deber moral de acogerlos. Marruecos tiene capacidad suficiente y adecuada, así que es ilegal a todos los efectos repartirlos en beneficio de ONG por todo el territorio español.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.