«Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a defender hoy una posición muy clara. Lo que Ceuta vivió el día 30 de julio no fue una crisis migratoria, fue una agresión a nuestra integridad territorial. Por ello, la situación de los menores extranjeros en Ceuta no se resuelve repartiéndolos por las comunidades autónomas como si fueran maletas; muy al contrario, porque el problema se agrava, pues avala que los menores puedan instrumentalizarse como arma de presión en las fronteras y lo volverán a hacer. (Aplausos). Señorías, la protección de los menores que entraron ese día no es una obligación de España, salvo durante el tiempo imprescindible que vayan a estar en nuestro país para hacer los expedientes diligentemente. La obligación de su protección como país de origen es de Marruecos y, como tal, se le debe exigir. El Gobierno no puede convertir a las comunidades autónomas en la ventanilla de una política migratoria que es competencia del Estado, ni mucho menos puede pretender que el reparto territorial sustituya la obligación de proteger las fronteras, identificar a quienes han entrado irregularmente, localizar a sus familias y ejecutar su retorno con todas las garantías. Lo dijimos en la comparecencia de la ministra de Infancia y lo volvemos a decir hoy: proteger a un menor no equivale a su permanencia automática en España, no significa necesariamente retenerlo aquí indefinidamente. En los primeros días el Gobierno prometió todas las devoluciones, pero solo está trabajando para el reparto y pretende que aceptemos el reparto como si fuera una política de protección de menores, y esto no es así.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.