«Sobre los flujos migratorios, España y Europa necesitan esos flujos para mantener el Estado del bienestar y, en especial, el sistema de transferencia generacional que sostiene las pensiones públicas. Hay dos experiencias recientes del tratamiento del fenómeno migratorio que han demostrado que es posible gestionarlos en situaciones difíciles con el debido respeto a los derechos humanos. España ha acogido a más de doscientas cincuenta mil personas desplazadas de Ucrania por un conflicto bélico y, en el último semestre, más de cuarenta mil personas procedentes de África subsahariana han llegado a las costas canarias y han sido debidamente atendidas. Felicitamos a todas las personas que han participado en esos trabajos; por supuesto, a todas las instituciones, también a las ONG y a la sociedad civil. En especial quiero felicitar a la sociedad canaria, que vivió el drama migratorio en carne propia durante siglos y que ha dado un ejemplo de acogida y solidaridad inconmensurable mientras que los ultras vociferaban contra una invasión inexistente. (Aplausos). Desde luego, algunos instrumentos de gestión de las migraciones se han enfrentado a dificultades, por supuesto. El Defensor del Pueblo puso en cuestión cómo se realizaban entrevistas a posibles solicitantes de asilo que llegaban a Valverde por falta de medios, en este caso, de la Policía Nacional. Las entrevistas se realizaban de una forma apresurada y en condiciones de peligro, pero el sistema ha funcionado y los agoreros del colapso por la supuesta inmigración e invasión migratoria se han quedado sin argumentos. El problema no es la capacidad de acogida de nuestro país; el problema es la ausencia de solidaridad y la xenofobia de quienes utilizan la ancestral existencia de migraciones para extender odio. No solo es una obligación moral y jurídica, es una necesidad para las sociedades envejecidas acoger a las personas que huyen, porque, además, es posible hacerlo. Le felicito, señor ministro, por lo que le toca a este Gobierno en ese compromiso. Ojalá pongamos a España a la altura para devolver la solidaridad que los españoles y españolas que emigraron o que tuvieron que buscar refugio en otros países durante décadas encontraron o se merecían encontrar en los lugares de acogida. En materia de política migratoria tenemos dos obligaciones. En primer lugar, aplicar la ley de transparencia en todos los acuerdos migratorios con terceros países, poniendo fin a acuerdos bilaterales de externalización de fronteras con países que no cumplen los derechos humanos y, en segundo lugar, tipificar el delito de devolución sumaria en frontera y eliminar la disposición adicional de la ley de extranjería que legitima esta práctica, para que nunca más vuelva a haber decenas de muertos en la valla de Melilla. (Aplausos). Aprovechamos esta andadura en la nueva legislatura para corregir algunos problemas estructurales del sistema. En primer lugar, la extraordinaria lentitud de la maquinaria burocrática en las citas para obtención, renovación, subsanación de trámites de extranjería, que son un calvario. Preocupan especialmente los casos del procedimiento de asilo, dadas las implicaciones que tienen para el régimen de protección internacional. Los centros de recepción, atención y derivación, como sistemas integrados de gestión, han funcionado bien en la acogida de personas ucranianas. Aprendamos de esa experiencia y generalicémosla también para subsaharianos, no solo para europeos. La Subdirección General de Asilo del ministerio es una dirección general. Eso es un buen paso para ampliar medios y recursos para atender el aumento de personas. Para combatir la saturación, simplifiquemos los procedimientos y eliminemos burocracias. Por ejemplo, mayor periodo de validez de las autorizaciones de residencia para reducir el número de renovaciones. Los mecanismos de acceso al procedimiento de asilo en embajadas seguimos sin regularlos y usted, señor ministro, se comprometió en esta Cámara el 30 de noviembre del año pasado a que iba a llevar adelante esa reforma, ese desarrollo reglamentario. Mañana mismo nuestro grupo parlamentario le va a hacer llegar una propuesta completa de desarrollo reglamentario para que los socios de gobierno cumplamos, con la mayor celeridad, este compromiso que es suyo y es nuestro. Nos preocupa también la situación de saturación en la que se encuentra la sala de solicitantes de asilo de Barajas. Eso requiere una respuesta rápida, porque el trámite administrativo prolongado a lo que lleva es a la privación innecesaria de la libertad de muchas personas durante demasiado tiempo. Otro aspecto que en esta legislatura debe cambiar radicalmente es la instrucción para que la policía incoe expedientes de expulsión a extranjeros sin autorización de residencia cuando acuden a comisarías como víctimas de delitos a regularizar su situación porque reúnen los requisitos para ello o, simplemente, a denunciar que han sido víctimas de delitos. Esto está ocurriendo especialmente en Valencia y es sumamente preocupante. Es evidente que hay una colisión entre la ley de extranjería y una norma superior, como es la obligación de perseguir los delitos que se cometen contra las personas, con independencia de cuál sea su situación administrativa, porque la víctima es víctima aunque esté en situación administrativa irregular.»

Fragmento 2 de 2 de esta intervención.