«Señorías, con este real decreto ley, el Gobierno de España cumple con sus compromisos y se pone a la altura de países que ya tienen regulado este sector, países como Reino Unido, Finlandia, Austria, Irlanda o Alemania. En definitiva, estamos impulsando un mecanismo de control democrático y sería paradójico y difícil de explicar a los españoles que la oposición no quiere aprobar un proyecto por el cual el Gobierno eleva los controles sobre el Gobierno. Sería difícil de comprender. Por lo tanto, señorías, este real decreto ley viene legitimado por Bruselas, por el Plan de Acción por la Democracia que presentamos y por el V Plan de Gobierno Abierto. ¿Y en qué consiste lo que vamos a votar hoy? En primer lugar, en la definición de lo que es y lo que no es un grupo de interés, qué es una actividad de influencia y qué servidores públicos son susceptibles de recibirla. Se regula, obviamente, la relación entre el grupo de interés y dicho personal de la Administración General del Estado. Por cierto, ya me gustaría a mí que en algunas comunidades autónomas también hubiera este ejercicio de transparencia. Además, se deberá incorporar un informe de huella normativa en las memorias de impacto de las nuevas leyes. Y aquí me quiero detener un minuto para reiterar algo que ya dije en el debate que tuvimos aquí de la enmienda de totalidad: la ley de lobbies no afecta al diálogo social. Obviamente.»

Fragmento 3 de 9 de esta intervención.