«Transparencia. Por lo tanto, se ha hecho escuchando, como digo, a los grupos de esta Cámara. En cuarto lugar -esto es fundamental, claro-, se establece un régimen sancionador porque, si no, como toda norma, si no tiene un régimen sancionador, no tiene mucha validez. Se aplicará tanto para el grupo de interés como para el personal público susceptible de influencia y va a tipificar, obviamente, infracciones leves, graves y muy graves. Por lo tanto, señorías, no hay duda sobre el objeto de la ley. En todo caso, ningún problema en dar un paso más si hace falta. No hay duda de que esto es un avance en transparencia. No se puede cuestionar, con un mínimo de rigor intelectual, que está pactada con el sector, que está pactada con Bruselas -y, al mismo tiempo, también con los grupos que defienden esto en Bruselas- y que está pactada con esta Cámara, porque han sido dos años de debate. No es un proyecto de ley que llegara ayer. Ha estado debatiéndose en esta Cámara mucho tiempo y se han pactado las enmiendas, insisto. Por lo tanto, es difícil explicar un rechazo a este real decreto ley, salvo que haya motivos oscuros, claro; salvo que alguien no quiera, evidentemente, que haya un registro, que haya una huella normativa, que haya una transparencia. Si ese es el caso, dígase, pero, desde luego, es difícil oponerse a esta ley.»

Fragmento 7 de 9 de esta intervención.