«Aunque su ley de lobbies tenga el apoyo entusiasta de SUMAR y de las otras izquierdas españolas, las grandes empresas y consultoras no tienen ningún problema con su ley. ¿Por qué? Porque tienen los recursos económicos y de personal para poder asumir las cargas burocráticas que la ley exige y las deja en una situación de privilegio en la relación con la Administración y el sector público. En cambio, esas mismas cargas burocráticas -que, por cierto, son muchas más que las que pide Europa- no deben exigirse a una empresa de cerrajería, a la cooperativa agrícola de Batea o a la Unión de Tenderos de San Celoni o de cualquier otro pueblo de Cataluña, como tampoco deben exigirse a un profesional especializado en determinada materia o a cualquier ciudadano que se ponga en contacto con la Administración. No se les deben exigir estas cargas. No son cargas exigibles a alguien que ocasionalmente y de forma no remunerada tenga que relacionarse con la Administración por el motivo que sea. Y, por tanto, para todos ellos esta ley supone una barrera burocrática desproporcionada, que desincentiva su relación con la»

Fragmento 7 de 10 de esta intervención.