«Administración. Y ese es un perjuicio tanto para la Administración y el sector público como para la sociedad civil, porque, evidentemente, tiene un efecto disuasorio. ¿Y quién sale ganando aquí? Por supuesto, las grandes empresas y sus departamentos de relaciones institucionales, así como los profesionales de la representación de intereses, que precisamente cobran de estas grandes empresas. No digo con ello, señor ministro, que no sea una actividad legítima y que no deba regularse esta influencia. Lo que digo es que esta regulación solo les favorece a ellos. Nosotros, señor ministro, estamos totalmente de acuerdo en que las grandes empresas y los profesionales del lobby pasen por el tubo, ¡y tanto!, pero lo que no vamos a aceptar es que las pequeñas empresas, las entidades y asociaciones de nuestro tejido social tengan que pasar por el mismo tubo. Y es muy sencillo: la presidenta de una asociación de vecinos y el señor Pepe Blanco no son lo mismo, y, por tanto, cuando se relacionan con la Administración no se les puede exigir lo mismo.»

Fragmento 8 de 10 de esta intervención.