«Moltes gràcies. Presidenta, señorías, ministro, todos sabemos que las democracias avanzadas organizan el diálogo entre instituciones y sociedad civil para mejorar y hacer más eficientes las políticas públicas. La interlocución entre el mundo público y privado es imprescindible, pero además sabemos que ha de tener trazabilidad, claridad, un marco adecuado, sobre todo para hacer eficiente que se recojan las distintas sensibilidades de la sociedad cuando elaboramos cualquier política o instrumento gubernamental. Usted ha hablado de calidad democrática. Es verdad que los grandes partidos de la Cámara siempre mencionan la calidad democrática, muchas veces puesta en entredicho, y es evidente que una norma de esta magnitud va en esta línea, calidad para los ciudadanos, para los funcionarios y también para los políticos y operadores diversos de la Administración. No quiero hacer ningún chiste fácil, señorías, pero claro, esto llega tarde, en un Estado como el Estado español, que es el Estado donde el rey emérito, el Borbón, era el gran lobista. Se dedicaba al lobby sin ninguna regulación, como bien se ha acreditado y explicado. Nuestra tradición ibérica, hispánica, es la de la picaresca, la de El Buscón. Llegamos a regular todo esto un poco tarde, tenemos que admitirlo. Usted ya sabe que, en agosto de 2024, la OCDE avisó al Estado español de que estábamos en un marco absolutamente descontrolado. Esto explica por qué ustedes ahora han acusado al Borbón, pero no nos gusta la manera, a pesar de que daremos apoyo a ella. No nos ha gustado cómo se ha hecho. El vacío normativo en España es grave y se podían inspirar, en este caso ustedes, pero también las señorías del Grupo Popular, en lo que se hizo en Cataluña. Hay algunas comunidades autónomas, señorías, que sí que tienen regulado este ámbito de la relación entre la Administración y los grupos de interés. En el caso de Cataluña, hay una ley, la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que usted ya debe conocer, ministro, que hace mucho tiempo que opera. Por ende, si Cataluña y otras comunidades lo han hecho, no deja de ser curioso que a nivel de la Administración general no se haya hecho. Por cierto, aprovecho ahora que hablo de autonomías, para decir que en el caso de que esto se termine aplicando de alguna forma, aunque esto no salga hoy de la Cámara, tendremos que vigilar mucho los límites y los procesos entre la normativa que pueda surgir de aquí y la de las autonomías, para evitar más confusión justamente entre empresas, entidades y organismos, firmas profesionales... No quisiéramos que un exceso de normativa termine haciendo algo contrario a lo que se busca, que es complicar la vida de los agentes sociales.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.