«Señor ministro, como usted sabe, la corrupción la pagan las familias trabajadoras, que sostienen con sus impuestos los servicios públicos, y las empresas que cumplen las reglas y pierden contratos, frente a quienes las compran. Amañar contratos, desviar subvenciones, recortar impuestos o diseñar una regulación a medida daña a los ciudadanos doblemente: primero por el dinero que desaparece y después por los servicios que se dejan de recibir. Además, la corrupción pública destruye la confianza en la democracia. Por eso es importante regular los grupos de interés, porque pone controles a las relaciones entre el poder económico y la Administración para dificultar que el interés general termine subordinado a los intereses de delincuentes. La necesidad de esta regulación se manifiesta en el Índice de Percepción de la Corrupción de España publicado por Transparencia Internacional, que nos sitúa lejos de sociedades como Alemania, Reino Unido o Francia. Pero no hace falta recurrir a percepciones. Hay, desgraciadamente, toda una retahíla de casos ya sentenciados que la acreditan: Gürtel, Palau, Caja B y reformas de la sede del Partido Popular, Nóos, caso Blasco, operación Erial, Púnica, caso Ábalos y Koldo y un largo etcétera. Estos casos enseñan que donde hay un cargo público que vende una decisión, hay también alguien dispuesto a comprarla. Combatir la corrupción exige actuar tanto sobre los corrompidos como sobre los corruptores. Con este fin, esta norma obliga a transparentar la influencia, quién la ejerce, para quién se está trabajando y sobre qué decisiones se logra influir. Esta norma avanza en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción, GRECO, y la OCDE y ofrece herramientas para que la ciudadanía pueda fiscalizar al poder.»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.