«El decreto, además, incorpora enmiendas de SUMAR que han mejorado sustancialmente el proyecto inicial. La primera es decisiva: el registro queda bajo la supervisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, una autoridad independiente, en lugar del organismo designado en el texto inicialmente, que era la Oficina de Conflictos de Intereses que depende del Gobierno. Además, como propuso SUMAR, el registro deberá actualizarse cada quince días y no anualmente. Asimismo, deberán conocerse las fuentes de financiación de los lobbies, los recursos que destinan a influir y los ex altos cargos públicos que tienen en plantilla. También se amplía el contenido público de las reuniones de los lobistas con los servidores públicos y la huella normativa permitirá conocer cuál es el efecto de la influencia sobre las leyes. La ciudadanía podrá así examinar quién intervino en la elaboración de una norma y cuál fue el resultado. La influencia indirecta -esta es una gran novedad- queda incluida en el texto. Así, un centro de estudios que tenga como finalidad influir en el debate público será también considerado un lobby, y para que la ocultación de la actividad de influencia tenga consecuencias, las sanciones se han endurecido sobre el texto inicial, como propuso SUMAR.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.