«Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, quiero saludar a los representantes de APRI, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, que están en tribuna, a los cuales les doy la bienvenida a este Pleno, así como también a todos los que siguen este debate de interés desde muchos lugares de forma telemática. Señorías, no estamos debatiendo solamente la convalidación de un real decreto ley, no. Estamos decidiendo qué tipo de democracia queremos, si queremos una democracia en la que las relaciones entre quienes defienden intereses legítimos y quienes toman decisiones públicas sean transparentes, trazables y conocidas por la ciudadanía o no. Realmente, algunos quizás prefieran que esas relaciones continúen produciéndose en la oscuridad -algunos defienden la oscuridad -, pero en el Grupo Parlamentario Socialista lo tenemos claro y desde aquí se lo transmito: más democracia, más transparencia, más integridad y más rendición de cuentas. (Aplausos). Claro que sí. El problema no es que existan grupos de interés, señorías. El problema es que no sepamos quiénes son, qué intereses representan, con quién se reúnen y qué influencia ejercen. Ese es el problema. Precisamente, este real decreto ley crea un registro estatal público y obligatorio, establece normas de conducta, transparenta reuniones y contactos y refuerza la huella normativa. Además, señorías -ya se ha dicho en tribuna, pero lo pongo también en valor-, la gestión y supervisión del registro es a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, algo que ya es efectivo. Más de 250 inscripciones en poco más de una semana. Así que, señorías, esto no limita la democracia, esto mejora la democracia, y una democracia madura no tiene miedo a la transparencia, creo que la necesita.»

Fragmento 1 de 5 de esta intervención.