«Termino con esto porque este no era el debate. La función constitucional de los agentes sociales está garantizada y esta norma no la cambia para nada, y, si es necesario, se mejorará su texto. Señor Pagès, sabe que le aprecio en lo personal un montón y que en lo político le respeto, pero tengo que contestar a algunas cosas de su intervención. Utilizan conceptos que no son aplicables al contenido real de esta norma: el real decreto ley circunscribe su ámbito a la Administración General del Estado. Y yo le pregunto: ¿se ha leído la Ley 19/2014, aprobada por el Parlamento de Cataluña, que regula desde hace doce años el registro de grupos de interés? ¿No se ha dado cuenta con esa lectura -por cierto, pactada en el Parlamento de Cataluña por casi todos los grupos- de que el tamaño o la facturación de una empresa no tiene que ver con la capacidad de influencia que puede tener con respecto a la modificación de una norma? Si es que solo con leer esa ley tiene la respuesta claramente. Por lo tanto, sé que los que a ustedes les influyen intentan cambiar el debate, pero el debate es que en nuestro país y en la legislación europea no hay lobbies de primera o de segunda; el que ejerce influencia, señorías, es exactamente igual independientemente del tamaño de su empresa o de su actividad.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.