«Señorías, el miércoles pasado tuvimos la ocasión de escuchar a la vicepresidenta tercera dar cuenta sobre el estado real de los trámites del canal. Es verdad, entendemos que retrasos en el calendario puedan generar desconfianza en el territorio. Pero tenemos que contarlo todo y esto no es una foto congelada. Lo expusimos la semana pasada, estudiamos el proceso con detalle, también en el mes de abril: impulso de la tramitación administrativa en enero del año 2023, declaración de impacto ambiental en noviembre del año 2024, aprobación definitiva del proyecto en noviembre de 2025, préstamo del Banco Europeo de Inversiones en enero de este año, fijación de precios máximos en marzo, aprobación del texto del convenio entre el ministerio y Navarra el pasado 21 de abril... Es decir, no hablamos de un proyecto paralizado, sino de un proyecto que lleva tres años encadenando hitos administrativos, uno detrás de otro, hasta llegar a la fase final jurídica antes de la licitación. Esta moción vuelve a caer en el mismo problema que ya señalamos en abril: reduce un procedimiento complejo, ambiental, técnica, administrativa y financieramente a una cuestión simple de fijar fechas con un texto parlamentario. Conviene recordar que este Pleno no es una mesa de contratación, no somos nosotros quienes tramitamos ni evaluamos ni adjudicamos. Podemos exigir información, podemos exigir compromiso político, pero no podemos fijar por votación la fecha de una licitación que además no va a acelerar ningún trámite jurídico, solo traslada presión a un calendario que no depende de la voluntad política, sino de informes preceptivos como el que está haciendo la Abogacía del Estado y de, como se ha anunciado ya, la firma del convenio en el mes de octubre por parte del Gobierno.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.