«También queremos señalar y dejar claro que el debate para excepcionar los MASC en los juicios en los que hay menores implicados no es un debate cerrado. El bienestar de los menores es el interés superior y por eso hay que escuchar a todos y ver todos los matices. Cuando hay violencia, intimidación, una necesidad urgente o el elemento de extranjería al que nos referíamos antes, es evidente que la justicia tiene que actuar para evitar cualquier riesgo. En el resto de los procedimientos familiares, tal y como señalan los profesionales de la psicología en Cataluña, hay que valorar la utilidad de una intervención profesional segura, de una intervención que ayude a reducir la escalada en unos conflictos dominados por la emoción, la visceralidad y la hostilidad, porque, como señalan estos profesionales de psicología expertos en familia y en estas situaciones, una sentencia puede cerrar un juicio, pero no siempre resuelve el conflicto familiar. Finalmente, una cuestión que precisamente se ha puesto de relieve en el Congreso del Derecho de Familia celebrado por el Colegio de la Abogacía de Cataluña en este último fin de semana -hace pocos días- es la inseguridad jurídica en la práctica de la prueba de los juicios verbales, resultado de una legislación deficiente respecto a la ley de eficiencia en la justicia. No puede ser que, según el juez que te toque, se practique o no la prueba, especialmente en juicios de familia con menores implicados, porque, como hemos dicho, son una cuestión de orden público. Por eso entendemos que hay que ir un poco más allá de la propuesta del Grupo Nacionalista Vasco y que se establezca de forma indiscutible que la prueba tendrá que poderse practicar siempre que se pida.»

Fragmento 7 de 8 de esta intervención.