«Esta ley lleva muy poco tiempo en aplicación efectiva, y, antes de modificar sus reglas, debemos comprobar cómo están funcionando, escuchar a quienes la aplican cada día y analizar los datos. Por lo tanto, el debate hoy nos lleva también a una reflexión más amplia, y es qué justicia queremos para nuestro país. Modernizar nuestra Administración de Justicia y traerla definitivamente al siglo XXI no era una opción, sino una necesidad. La ley de eficiencia ha supuesto un cambio profundo, una planta judicial más flexible, mayor especialización y procedimientos más ágiles. Ya están en funcionamiento los tribunales de instancia y, como señaló el propio Consejo General del Poder Judicial en marzo, su implantación no ha provocado suspensiones de carácter general. Esta transformación va acompañada de recursos económicos: más de 1120 millones de euros en medios personales, digitalización e infraestructuras, además de quinientas nuevas plazas judiciales y doscientas de fiscales en 2026. (Aplausos). Tenemos que mirar también, señorías, otros datos que han sido obviados por algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra. Los primeros disponibles apuntan a una evolución positiva: la litigiosidad ha bajado casi un 30 %, mientras que los señalamientos de los juicios celebrados han aumentado. Esta evolución es especialmente relevante en los procesos que mayor retraso generan en nuestros tribunales, sobre todo litigación masiva, procesos monitorios y juicios verbales. Son datos importantes que invitan al optimismo, pero también a la prudencia. Evaluar una ley no significa cuestionarla, sino que significa tomarla en serio, y, si la realidad demuestra que algo necesita corregirse, habrá que corregirlo. Eso, señorías, es legislar con responsabilidad. (Aplausos).»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.