«Buenas tardes, señorías, presidente. Dos cuestiones previas que no son menores. Primera, no estamos en contra de los MASC, y menos en derecho de familia. Segunda, según mis cuentas, han pasado diecisiete meses desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, no son siete meses ni es un mes, y estamos sin saber el daño que algunas deficiencias de esta ley han causado. Como se ha dicho, la iniciativa que debatimos propone reformar la ley para evitar que la negociación previa obligatoria retrase los procedimientos de familia cuando estén en juego los derechos de los menores y que no se pueda prescindir de la autorización del juez, de la intervención del juez. Esto es muy significativo porque aquí se siguen oyendo cuestiones muy confusas. La proposición plantea que este requisito, como hemos denunciado una y otra vez haciéndonos eco de la reclamación de la abogacía y de la procura -sí-, de los especialistas en derecho de familia y de los jueces, está provocando demoras, inseguridad jurídica y nuevos obstáculos para acceder a la justicia. El problema es especialmente grave en decisiones que requieren una respuesta rápida -se ha dicho-, como el pago de alimentos, la vivienda familiar, la custodia, un cambio de colegio, un viaje al extranjero o el inicio de una terapia. Aún más, es grave que se imponga en procedimientos, como he dicho, donde la intervención del juez es indisponible e insalvable, incluso tiene su aquel constitucional.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.