«Con ello tenemos que afirmar lo que dirían los socialistas de 2014 -utilizando las palabras de Rosa Aguilar, por ejemplo-: Con esta ley están atacando un derecho constitucional que se considera fundamental: el derecho a la tutela judicial efectiva; que es lo que han dicho ya algunas audiencias provinciales y tribunales en sus resoluciones. Por desgracia, la marca de este Gobierno es esta: imponer, no escuchar y hacer justo lo contrario de lo que dice. El efecto contrario que han causado los MASC como requisito obligatorio en el derecho de familia es significativo, muy significativo. Precisamente, ese efecto contrario es llamativo en el derecho de familia, donde la mediación, entre otros, se había consolidado más y donde tiene que consolidarse, pero lo están confundiendo. Lo dijo muy claro un juez de un tribunal de instancia de Cáceres cuando el 14 de noviembre de 2025 promovió una cuestión de constitucionalidad. Este juez dijo que la planteaba por entender que esta norma podía incurrir en vulneración de la tutela judicial efectiva de los derechos de los menores, por obligar a los medios alternativos en estos procesos. Un supuesto de modificación de medidas paternofiliales le llevó a ello, pero, como han visto -y no voy a entretenerme a detallarlos ya al finalizar mi tiempo-, son otros los aspectos que deben figurar. No me citen el 158, ya han dicho los tribunales que no es aplicable. No me citen el artículo 4, porque se contradice con el artículo 5.2. Por eso es necesaria esta reforma, porque está afectando a normas de derecho imperativo, porque está afectando a la necesidad de que intervenga un juez. Por lo tanto, demorar un acuerdo que no puede ser en sí mismo aplicable ni ejecutable es una traición a los más vulnerables: a los menores y a sus padres. (Aplausos).»

Fragmento 4 de 4 de esta intervención.