«Hay otra cuestión que es más importante. No podemos tratar de la misma manera a quien se jubila de forma anticipada porque le da la gana y porque quiere y a quien se jubila anticipadamente porque ha sido expulsado injustamente del mercado de trabajo, porque no es lo mismo. Simplemente no es lo mismo. Una persona que después de cuarenta años trabajando pierde su empleo cuando tiene 61 o 62 años y no encuentra una nueva oportunidad laboral, no está en la misma situación que quien decide voluntariamente abandonar su empleo y anticipar su jubilación. Es un hecho. La legislación, de hecho, ya lo distingue. Y creo que aquí está una de las claves del debate, porque no debemos preguntarnos solo si cuarenta años son muchos años. Por supuesto que lo son, claro que lo son cuarenta años currando. La pregunta es cómo debemos ponderar el esfuerzo contributivo de una persona, la causa que la lleva a abandonar el mercado de trabajo, el tiempo que anticipa su jubilación y el impacto que todo eso tiene sobre el sistema. Los años cotizados importan, pero no son el único factor, señorías, ni el único elemento a tener en cuenta. Debemos combinar contributividad, equidad, sostenibilidad y sobre todo cuando la contributividad -las feministas hace mucho que lo decimos, señora Belarra- sería como una especie de bomba sobre las mujeres. Fíjese, las mujeres trabajamos mucho más que los hombres, pero no cotizamos igual y una regla construida exclusivamente alrededor de alcanzar cuarenta años de cotización deja fuera, precisamente, a muchas personas que han tenido carreras laborales más interrumpidas. Por eso, si queremos hacer una reforma justa, no podemos resolver una desigualdad creando otra. No podemos solucionar el problema de las personas con carreras largas mediante una regla que premie exclusivamente haber alcanzado una cifra determinada y que ignore las distintas trayectorias laborales. Nuestro sistema de pensiones tiene que seguir corrigiendo la brecha de género que todavía existe y las desigualdades en las carreras profesionales siguen teniendo unas consecuencias muy claras en las pensiones. Creo que podemos coincidir en el diagnóstico sin tener que coincidir necesariamente en la misma solución. Claro que hay que revisar la penalización a las largas cotizaciones, claro que hay que dar una respuesta específica a quienes fueron expulsados involuntariamente teniendo más de cuarenta años de cotización y claro que debemos revisar si es razonable mantener de por vida reducciones que pueden llegar a ser francamente muy injustas. Claro que sí. Pero la respuesta no puede ser una frontera rígida entre los treinta y nueve años y once meses y los cuarenta años. Tenemos que construir un mecanismo que sea gradual, que tenga en cuenta los años cotizados, los meses de anticipación, la causa de jubilación y las diferencias y discriminaciones que afectan al mercado laboral. Las pensiones no son solamente un derecho individual, son un compromiso colectivo, señorías, entre generaciones.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.