«Esto no responde a una limitación técnica, y no hablamos solo de esta infraestructura, sino de muchas otras que cubren Euskadi. Habla de una cuestión de prioridades, es decir, primero el hormigón y luego la gente. Se decide y se ejecuta, y después, si hay alegaciones, si hay movilización, se empieza a hablar de medidas de mitigación, que no es lo que piden las personas en estos lugares. Ese orden condiciona el resultado, porque, cuando la ciudadanía es finalmente escuchada, el margen de decisión ya es mínimo y la afectación sigue siendo mayor. Durante años la sociedad organizada de muchos municipios, especialmente Barakaldo, ha hecho su parte con seriedad: ha estudiado alternativas, ha presentado informes técnicos, ha recogido miles de firmas, ha agotado vías de alegación, y, pese a ello, la respuesta ha sido mínima. Pero, cuando la ciudadanía cumple con cada uno de los cauces institucionales y no se le ofrece la respuesta que necesita, al final lo que quedan son las vías judiciales, y esto debería preocupar a esta Cámara tanto como respecto a los proyectos.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.