«Sobre otras medidas que están en este real decreto ley, las medidas fiscales y financieras, quiero añadir algunas notas de contexto. La primera es que debemos partir de una premisa que es incuestionable y también ineludible: los distintos Gobiernos progresistas a partir del año 2018 han sido los que han apoyado más que nunca la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, considerando, además, que entre las principales competencias están las que conforman el núcleo del Estado del bienestar: la sanidad pública, la educación pública, la vivienda o los servicios sociales. Por ejemplo, aquí tenemos algunos aspectos básicos: las comunidades autónomas recibieron 30 000 millones de euros de los fondos del COVID y no tuvieron que devolver esos fondos; el Gobierno de España mantuvo las entregas a cuenta del año 2020, como si el PIB no hubiese caído enteros a causa de la pandemia, y lo mantuvo el Gobierno de España; el Estado, además, asumió los 4000 millones de euros de liquidaciones negativas que tuvieron que afrontarse por parte de las comunidades autónomas. Desde el año 2019 al año 2025 se han transferido más de 40 000 millones de euros a las comunidades autónomas en conferencias sectoriales, que es el principal instrumento de relación entre el Estado y las comunidades autónomas, impulsando como nunca el Estado autonómico y el modelo de Estado autonómico que está en nuestra Constitución, que ha hecho que en estos años hayamos hecho más transferencias y traspasos que nunca a comunidades de distinto color político.»

Fragmento 5 de 8 de esta intervención.