«Señorías, aquí no solamente asumimos el debate sobre este real decreto en lo concreto a La Palma, estamos hablando de un paso más, de un paso mucho más amplio: cambiar las condiciones en las que determinadas comunidades autónomas pueden utilizar sus propios recursos. El decreto establece dos mecanismos -aquí se ha hablado y quisiera ser claro al respecto-: el primero es utilizar en 2026, 2027 y 2028 los superávits y los excesos de financiación pendientes de compensar al cierre de 2025 para inversiones. El requisito de este primer espacio de protección está en que esas comunidades autónomas tengan una deuda inferior al 12,4 % de su PIB regional. El segundo permite utilizar el superávit de 2025 para los años 2026 y 2027 -no para 2028- y para inversiones financieramente sostenibles -no solamente para inversiones, sino para aquellas que cumplan el requisito del artículo 3: estabilidad presupuestaria, no incurrir en déficit en el ejercicio, pago a proveedores; sostenibilidad financiera-. No es lo mismo, porque después empiezan con los déficits y hay que aplicar los planes económicofinancieros, que, por cierto, no voy a entrar, pero dejan mucho que desear.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.