Enrique SantiagoSumar
Diputado
«En la anterior legislatura el Partido Popular presentó propuestas para mantener la criminalización de la libertad de expresión y endurecer las penas de los delitos de opinión: más prisión y más multas. La monarquía, la nación o las víctimas del terrorismo no se defienden acabando con la libertad de expresión. En democracia no pueden ser delitos comportamientos que no tienen más finalidad que la cómica o que son simples críticas. Pueden llegar a ser groseros o pueden llegar a ser hirientes, pero una democracia siempre aplica el principio de mínima intervención del derecho penal. Existen otras vías legales para proteger el buen nombre o la dignidad de personas e instituciones: vías civiles de defensa del derecho al honor o del derecho a la rectificación, por ejemplo. Por eso, hay que expulsar del Código Penal los delitos que impiden la libertad de expresión. No pueden restringirse el debate y la participación política de la ciudadanía. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España reiteradamente por mantener delitos como el ultraje a la nación y el Consejo de Europa cuestiona el encaje democrático de las injurias a la Corona. Son normas penales absolutamente obsoletas, no ajustadas ni a la Constitución ni a los convenios internacionales ni a un Estado de derecho democrático. Y, además, son tipos penales imprecisos, cuya ambigüedad ha provocado una aplicación errática y ha generado alta inseguridad jurídica, impidiendo la precisión de las conductas sancionables que exige el principio de legalidad penal.»
Fragmento 2 de 8 de esta intervención.